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A police officer runs amid tear gas protesters throw missiles during a march against President Nicolas Maduro's government in San Cristobal Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

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El lunes 23 de febrero, bajo el calcinante sol del mediodía, en San Felipe, una pequeña ciudad al oeste de Caracas, Nicolás Maduro dio un mitin ante una multitud que llenó poco más de una cuadra. La razón del acto todavía es confusa, pero no importa.

Maduro puede cambiar el escenario (el Palacio de Miraflores o una calle polvorienta en un poblado), puede obligar o no a que sus palabras sean transmitidas en cadena nacional de radio y televisión, igual siempre dirá lo mismo: me enfrento a una guerra económica alentada por la derecha, o, me enfrento a un golpe de estado alentado por la derecha; en ambos casos esa derecha siempre tendrá el apoyo total del verdadero responsable que mueve los hilos: el gobierno de los Estados Unidos, o el Imperio, como gusta llamarlo el régimen desde los tiempos de Hugo Chávez.

Pero, más allá de su repetido discurso, Maduro enfrenta una circunstancia muy incómoda: según las más recientes encuestas, mas del 75% de la población no cree en la guerra económica; todo lo contrario, responsabiliza directamente del descalabro económico (inflación, escasez y desabastecimiento como sus males más resaltantes) al propio Maduro y su gobierno. Y si del Golpe de Estado se trata, en porcentajes aún superiores, los venezolanos lo toman a burla, a charada de mal gusto y ya son pocos los que, por falso, lo asumen como una amenaza real a la estabilidad democrática. Recientemente Hinterlaces –una encuestadora afecta al gobierno- determinó que 7 de cada 10 venezolanos opinan que situación del país va muy mal.

Es con este panorama por delante que Maduro -un político limitado, a quien el poder le llegó prácticamente por herencia, carente de carisma y de auténtico liderazgo- ha optado por radicalizar su gestión de gobierno. Y lo ha hecho con un recurso fácil y terrible: la represión. Huir hacia adelante, vociferante, amenazante, desesperado por inspirar temor, miedo como única manera de mantenerse en el poder.

En ese discurso de San Felipe, ante la indiferencia del gobierno norteamericano, a Maduro no le quedó más que insultarlos con palabras soeces: "¡Gringos del carajo!", soltó a gritos esperando una reacción airada y extrema por parte de Obama. Reacción que no ha llegado y, por lo visto, nunca llegará.

Ledezma
Antonio Ledezma now sits in prison with absolutely no justification. Wikipedia

Mientras Maduro estaba en esos desplantes en San Felipe, recluido en una de las celdas de la cárcel militar de Ramo Verde (la prisión para lo que el gobierno considera sus principales enemigos: Leopoldo López, Daniel Ceballos, el general Raúl Baduel, entre otros, todos prisioneros políticos) Antonio Ledezma, su preso más reciente, redactaba una carta que, tras burlar la seguridad carcelaria, poco después se haría pública. En ella, lejos de hacer una arenga a la sublevación, el golpe de estado o la violencia, el dirigente opositor se ratifica cívico y constitucionalista:

"Hay que seguir luchando en la calle, cívicamente con la constitución en la mano y con la razón por delante, porque ellos tienen las armas, nosotros las ideas para unir a los venezolanos. La violencia son saltos al vacío que no conducen a ninguna parte."

En otro párrafo define su situación con relación a la de sus demás compañeros presos:

"... Experimento con Leopoldo y Daniel, una prisión injusta por encargo de un régimen desesperado que se va quedando sin pueblo y que pretende mantener el poder a costa del deterioro creciente de nuestra patria, cuyo pueblo no escapa a la crisis múltiple del orden económico, social, político y muy especialmente, a la aguda crisis moral que nos reta a prepararnos para poder combatirla."

Además, convoca Ledezma a la unidad de todos los sectores opositores, sectores que, hace exactamente un año, se encontraban divididos y enfrentados. Y para los analistas políticos esa es una primera lectura importante: si algo logró rápidamente la prisión de Ledezma fue amalgamar, en un todo compacto, a la dirigencia opositora independientemente de tendencias y diferencias.

¿Pero por qué el gobierno apresa a Ledezma? Por una razón curiosa y a todas luces endeble: le acusa de haber redactado y publicado un documento, firmado junto a Machado, Borges y López, que esboza lo que sería la transición luego del gobierno de Maduro. Esa palabra, "transición", le ha resultado letal, peligrosa e inaceptable, al régimen. Por ello le sacaron de su oficina como a un delincuente, esposado, entre golpes y empujones, con disparos al aire para amedrentar a sus seguidores, y sin que mediara ninguna orden judicial que autorizase su captura.

En ninguna parte del documento, sin embargo, se lee la palabra "golpe", o tan siquiera la menor alusión a una salida violenta de Maduro. Todo lo contrario: se insiste sobradamente en el respeto al texto constitucional y lo que este contempla en emergencias como la planteada. Pero para un gobierno tembloroso como éste, que alguien plantee que pueda salir, o que tan solo se le pida la renuncia a Maduro, son argumentos subversivos que han de pagarse con la cárcel.

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A student is carried away after being injured during a protest against President Nicolas Maduro's government in San Cristobal Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

Después de Ledezma parece seguir en la lista Julio Borges. Este también es un funcionario electo en votación popular (Borges es diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional del principal partido opositor, Primero Justicia. Ledezma es un político socialdemócrata electo consecutivamente en dos oportunidades, por abrumadora mayoría, como Alcalde Metropolitano de la ciudad de Caracas).

Tras él, y siguiendo la pista que dejan las destempladas acusaciones públicas del propio Maduro, de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y de Jorge Rodríguez, Alcalde del Municipio Libertador en Caracas, han de seguir en la lista de próximos presos políticos María Corina Machado (también diputada electa pero despojada de su curul por arbitraria e inconstitucional decisión de Cabello) y, a no dudarlo, los principales dirigentes de todos los partidos de oposición.

Podrían caer también académicos, periodistas, figuras relevantes de la sociedades civil y, en rigor, cualquiera que alce con vehemencia su voz contra el gobierno. El lector foráneo podrá pensar que es esta una afirmación exagerada, sin embargo, no está de más recordarle que ya tenemos más de una decena de meros "tuiteros" presos por sus opiniones en la red social.

Apenas dos meses del 2015 y ya el agotamiento del régimen es evidente

En la misma tarde del discurso de Maduro en San Felipe, Henry Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática, hablando a nombre de toda la unidad opositora, le espetó a Maduro: no hay cárcel pa´tanta gente.

Así culmina febrero, un mes que le ha resultado demasiado largo al gobierno. Apenas dos meses del 2015 y ya el agotamiento del régimen es evidente, como el boxeador jadeante y sin reflejos que, en el último round, solo espera un golpe de la buena fortuna para terminar el suplicio. La apuesta de Maduro está en la imposible recuperación de los precios del petróleo a corto plazo.

El gobierno es como el boxeador jadeante y sin reflejos que, en el último round, solo espera un golpe de la buena fortuna para terminar el suplicio.

El temor al costo político que supone tomar medidas drásticas en el área económica (el aumento de la gasolina o la sinceración del sistema cambiario, por ejemplo), lo lleva a una parálisis absoluta: es un gobierno en pánico que no hace lo que tiene que hacer; un gobierno que solo se refugia en el infantil argumento de que es víctima de enemigos nacionales y universales que no le dejan respirar ni gobernar.

Así acusa, como si de fantasmas se tratase, el acoso de una guerra económica o de un golpe de estado o de un eventual magnicidio. Así se le van los días y su única opción, en el desespero, es acentuar la represión.

Termino de escribir esto en la tarde del 24 de febrero. Al momento de cerrar mis notas, las redes sociales –en un país donde la mayoría de los medios de comunicación están controlados por el gobierno- se incendian con una noticia terrible: en la ciudad de San Cristóbal, un joven adolescente, estudiante del segundo año de bachillerato, ha resultado muerto en una manifestación estudiantil en las afueras de la Universidad Católica del Táchira (estado andino al suroeste de Caracas, en la frontera con Colombia).

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que reprimía la manifestación, le disparó a quemarropa a la cabeza. Las fotos muestran su cuerpo todavía con el bulto escolar a la espalda, su franela de colegial y sus jeans de uniforme. El resto es sangre, un enorme charco de sangre sobre el asfalto.